Nueva York podría tener que reformar más de 100.000 viviendas construidas desde 1988 por incumplir la normativa nacional de accesibilidad de Estados Unidos para personas con movilidad reducida, según indicaron miembros del Consejo de Empresas Inmobiliarias de la ciudad. Aunque dichos apartamentos cumplen la legislación neoyorquina de accesibilidad ("Local Law 58") aprobada en 1988, en muchos casos no se ajustan a la ley nacional (Fair Housing Act) que ese mismo año incorporó disposiciones contra la discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la vivienda.
Por ello, la oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan inició una investigación en 2006, que detectó incumplimientos de la normativa nacional de accesibilidad en 14 edificios de apartamentos de alquiler neoyorquinos de reciente construcción, según informa The New York Times.
Las principales deficiencias halladas fueron la anchura insuficiente de las puertas y las reducidas dimensiones de cocinas y cuartos de baño para usuarios de sillas de ruedas, así como la imposibilidad de instalar barras de agarre en las duchas debido a la falta de solidez de las paredes.
El pasado mes de enero, la oficina del Fiscal de Estados Unidos empezó a remitir cartas a una docena de las principales empresas dedicadas al alquiler de apartamentos en la ciudad de los rascacielos en los que se habían detectado dichos problemas, reclamando que estos se subsanaran a la mayor brevedad, y ante la falta de respuesta, la semana pasada demandó a una de ellas.
La organización de lesionados medulares United Spinal Association ha acogido con satisfacción esta iniciativa, ya que considera que la legislación de accesibilidad de Nueva York es menos exigente que la nacional en lo que se refiere a los requisitos para la accesibilidad de cocinas y cuartos de baño para usuarios de sillas de ruedas.
Por su parte, algunas empresas dedicadas a la construcción de apartamentos están rediseñando los planos de los que edificarán en el futuro, adoptando medidas como suprimir los armarios empotrados en los recibidores para que dispongan de más espacio para las personas que utilizan sillas de ruedas.
Fuente: Solidaridad Digital
Después de leer esta noticia nos vienen a la mente varias preguntas:
¿Dónde están los fiscales, defensores del pueblo y/o defensores del paciente en España?
¿Para qué sirve que España sea uno de los países con una de las mejores legislaciones en materia de discapacidad (en cantidad y calidad) si las principales leyes que afectan a los derechos humanos de los ciudadanos con diversidad funcional no se acaban cumpliendo?
¿Hasta cuando tendremos que sufrir discriminación por cuestiones de in-accesibilidad en España?
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